Un juez federal vinculó a proceso a la exfuncionaria municipal Karina Barrón por su presunta participación en los delitos de falsedad en declaraciones y extorsión en contra del senador Waldo Fernández González. La resolución también incluye a Gustavo “N” y Débora “N”, quienes figuran como coacusados dentro del mismo caso.
La determinación fue tomada por el juez Julio Alberto Cruz Rodríguez durante la segunda audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado junto al Centro de Reinserción Social No. 3 de Cadereyta, en Nuevo León.
Durante la audiencia, el juzgador consideró que los datos de prueba presentados por la Fiscalía eran suficientes para iniciar el proceso penal contra los tres imputados, quienes permanecerán bajo prisión preventiva oficiosa mientras avanza la investigación complementaria.
El caso ha generado gran atención política y mediática en Nuevo León debido a que involucra a una exfuncionaria pública y a un senador de la República, además de las acusaciones relacionadas con un presunto intento de afectar un proceso electoral.
Fiscalía señala presunto plan para afectar candidatura
Durante la exposición del caso, el juez explicó que, según la investigación presentada por la Fiscalía, Karina “N” habría diseñado y financiado un plan con el objetivo de afectar la candidatura de Waldo Fernández al Senado en el proceso electoral de 2024.
Dentro de este esquema, se señaló que Débora “N” presuntamente habría faltado a la verdad en una declaración relacionada con una supuesta violación, situación que formaría parte del intento por generar un daño político al legislador.
Asimismo, la Fiscalía indicó que Gustavo García Rojo habría participado mediante una llamada intimidatoria, en la que supuestamente se exigieron cinco millones de pesos al senador a cambio de que desistiera de su aspiración política.
Aunque el pago nunca se concretó, el juez señaló que la conducta descrita sí encuadra dentro del delito de extorsión, al existir un intento de presión económica con fines políticos.
Además, el juzgador determinó que hubo una presunta participación coordinada entre los tres imputados, lo que reforzó la decisión de vincularlos a proceso por los delitos señalados.
Los imputados permanecerán en prisión preventiva
Tras la resolución judicial, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa para los tres acusados, mientras continúa el desarrollo del proceso penal.
En el caso de Gustavo “N”, se determinó su internamiento en el Centro de Reinserción Social de Apodaca, mientras que Karina “N” y Débora “N” permanecerán en el Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo.
El juez también descartó el delito de pandilla, al considerar que no se presentaron elementos suficientes para acreditar esa figura jurídica dentro de la investigación.
El proceso continuará con una investigación complementaria y las siguientes etapas del juicio, las cuales, de acuerdo con el juzgador, no deberán extenderse por más de dos años.
Waldo Fernández busca acuerdo reparatorio
Tras concluir la audiencia, el senador Waldo Fernández González informó que buscará un acuerdo reparatorio con los tres imputados, lo que podría abrir la puerta a su eventual liberación si se cumplen ciertas condiciones legales.
El legislador explicó que la audiencia para abordar la reparación del daño fue programada para el próximo 26 de marzo a las 10:00 horas, fecha en la que se analizará la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes.
Fernández aseguró que su objetivo principal no es mantener a las personas en prisión, sino limpiar su nombre tras las acusaciones que se hicieron en su contra.
“No quiero que estén en la cárcel, mi nombre está limpio, es lo que quería”, expresó el senador al término de la audiencia.
Barrón (borrón) y cuenta nueva?
— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) March 8, 2026
Pugna por gubernatura de Nuevo León.
Karina Barrón fue vinculada a proceso, pero su acusador y aspirante a gobernador Waldo Fernández ofreció perdonarla.
Ella se disculpó públicamente y negó extorsión y falsa declaración contra Waldo por violación. pic.twitter.com/1AghITL91L
Disculpa pública y posible reparación del daño
Su equipo jurídico conducirá el proceso de negociación, según confirmó el senador; el pliego de condiciones exige que los implicados ofrezcan una disculpa pública como parte fundamental del convenio.
También explicó que, en caso de que exista una compensación económica como parte de la reparación del daño, el recurso sería destinado a causas altruistas o a organizaciones civiles.
Fernández también cuestionó algunos aspectos del proceso legal y aseguró que durante el desarrollo del caso se presentaron irregularidades.
En medio del desarrollo del caso, también trascendió que Karina Barrón eliminó de sus redes sociales el comunicado que había publicado previamente sobre el tema, lo que generó diversas reacciones y comentarios en el ámbito político y mediático de Nuevo León, al tratarse de un caso que ha tenido amplia repercusión pública.
Incluso criticó que el abogado que asesoró a una de las imputadas no fuera un litigante postulante, lo que calificó como una situación “extraña” dentro del proceso judicial.
“Hoy no gana nadie”: senador lamenta impacto del caso
El senador reconoció que el conflicto legal ha tenido consecuencias para todas las personas involucradas, incluyendo a sus familias.
“Hoy no gana nadie, perdió mi familia, la familia de Gustavo, de Karina y de Débora, y pierde la democracia”, manifestó.
Además, lanzó críticas hacia el actuar de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, al considerar que hubo fallas durante la investigación, y cuestionó particularmente al vicefiscal jurídico Pedro Arce Jardón, de quien dijo no confiar en sus declaraciones.
Fernández también señaló que espera que tanto autoridades como algunas personas que difundieron el caso ofrezcan disculpas públicas, incluido un periodista que abordó el tema en medios.
Finalmente, el senador afirmó que este asunto debe entenderse como un proceso jurídico y no político, y adelantó que después de la audiencia del 26 de marzo dejará de hablar públicamente del tema.
El legislador también aclaró que los teléfonos celulares de los implicados permanecerán como parte de las pruebas dentro del expediente, mientras continúan las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la actuación de la Fiscalía estatal, proceso en el que no habrá conciliación.
