Gracias a una acción inmediata y coordinada, el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, logró suspender un tiradero clandestino en el municipio de Cadereyta. En el sitio, se encontraron más de 1,000 neumáticos apilados que, presuntamente, serían incinerados para extraer alambre y venderlo en el mercado negro.
El operativo fue encabezado por la Procuraduría, con el respaldo de Fuerza Civil, FIDEURB y SIMEPRODE, como parte de una estrategia interinstitucional para proteger el medio ambiente y prevenir un nuevo incendio como el ocurrido recientemente en predios aledaños.
Días antes del operativo, se había reportado un incendio en las cercanías del lugar. Las llamas provenían, según las autoridades, de la quema intencional de residuos, en su mayoría neumáticos, con el fin de extraer el alambre metálico para su comercialización clandestina.
Durante la inspección oficial, los elementos encontraron una cantidad considerable de llantas acomodadas de forma estratégica, lo que sugería una intención clara de incineración. Con base en estos hallazgos, la Procuraduría ordenó la suspensión total de actividades y el aseguramiento precautorio del material acumulado, con el objetivo de evitar daños severos al suelo y al aire del estado.
Apoyo interinstitucional para proteger el equilibrio ecológico
El éxito del operativo no fue casualidad. La coordinación entre distintas instancias fue clave. Elementos de Fuerza Civil garantizaron la seguridad del sitio, mientras que FIDEURB y SIMEPRODE colaboraron activamente en el retiro de las llantas aseguradas, evitando así un potencial foco de contaminación.
Esta acción demuestra que, cuando hay voluntad política, técnica y operativa, se puede actuar con contundencia para frenar actividades ilegales que amenazan el medio ambiente.
El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la preservación del medio ambiente, apostando por operativos que involucren no solo inspección y vigilancia, sino también prevención y seguimiento.
Este esfuerzo representa una política ambiental más activa y preventiva, especialmente en zonas vulnerables como Cadereyta, donde históricamente han ocurrido incidentes de contaminación relacionados con manejo irregular de residuos.
