Ante la circulación de diversas notas periodísticas que reportan la presencia de peces muertos en el Río Pesquería, el Gobierno del Estado de Nuevo León activó operativos de inspección y vigilancia desde las primeras horas del día. La División Ambiental y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente se desplegaron en diferentes puntos de la zona afectada para confirmar los hechos y recabar evidencia sobre el origen de la mortandad.
Este esfuerzo responde al compromiso estatal de proteger el medio ambiente y garantizar el bienestar ecológico en una de las zonas hídricas más importantes del noreste del país.
Río Pesquería bajo vigilancia en múltiples municipios
La extensión del Río Pesquería, que atraviesa municipios como Pesquería, Apodaca y Los Ramones, complica la identificación inmediata del foco de contaminación. Por ello, las autoridades anunciaron que los recorridos y monitoreos continuarán durante los próximos días.
“La finalidad es contar con los elementos suficientes para poder detectar el origen y ejercer las acciones legales correspondientes”, indicaron representantes de la División Ambiental.
El operativo se ha concentrado en zonas donde se han reportado los incidentes con mayor frecuencia, y no se descarta que diversos generadores de descargas residuales estén detrás del daño ecológico.
Buscan responsables y exigirán reparación del daño ambiental
La División Ambiental de Nuevo León dejó en claro que su prioridad es identificar a los presuntos responsables de las descargas que pudieran haber causado la muerte de peces, con el fin de exigir la remediación total del ecosistema.
“Realizaremos todas las acciones necesarias para lograr la identificación de los presuntos responsables, exigir la remediación total de los daños causados y aplicar las sanciones correspondientes”, señalaron las autoridades.
Además de sanciones administrativas, se podrían imponer penalizaciones legales, en caso de comprobarse que hubo daño ambiental doloso o negligente. Este caso se suma a los esfuerzos del estado para hacer valer el derecho ciudadano a un medio ambiente sano, tal como lo establece la legislación ambiental vigente.
