Elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a dos mujeres en Linares, Nuevo León, luego de que les aseguraron un millón 56 mil pesos en efectivo cuya procedencia legal no pudieron acreditar durante la inspección.
La acción fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre la carretera Nacional Monterrey-Ciudad Victoria.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), las mujeres son investigadas por su probable participación en hechos relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Así fue la detención de las dos mujeres en Linares
La detención se registró cuando las mujeres viajaban a bordo de un vehículo sobre la carretera Nacional Monterrey-Ciudad Victoria, a la altura del municipio de Linares, Nuevo León.
Durante la inspección realizada por los agentes federales, las autoridades localizaron una mochila que contenía una importante cantidad de dinero en efectivo.
De acuerdo con la FGR, el monto asegurado ascendía a un millón 56 mil pesos, recursos cuya procedencia legal no pudo ser acreditada en ese momento.
La dependencia informó sobre el aseguramiento mediante la siguiente declaración:
“A estas personas las detuvieron cuando viajaban en un vehículo sobre la carretera Nacional Monterrey-Ciudad Victoria, en Linares, Nuevo León, donde se aseguró una mochila que contenía un millón 56 mil pesos, del que, en ese momento, no pudieron acreditar su legal procedencia”.
FGR investiga la procedencia del millón de pesos asegurado
Las mujeres fueron identificadas oficialmente como Lizzeth “N” y Beatriz “N”, quienes quedaron a disposición de las autoridades federales junto con el dinero asegurado.
El Ministerio Público Federal será el encargado de continuar con las investigaciones correspondientes para determinar el origen y la situación legal de los recursos localizados durante la inspección.
La FGR señaló que la investigación continuará conforme a los procedimientos establecidos y será la autoridad competente la que determine la situación jurídica de las personas involucradas.
