La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lanzó una acusación formal contra funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas de alto poder.
De acuerdo con el comunicado emitido este miércoles 29 de abril, los implicados habrían colaborado con líderes del Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos, facilitando el tráfico de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y respaldo político.
Lista de funcionarios acusados
Además de Rubén Rocha Moya, las autoridades estadounidenses incluyeron en la acusación a figuras clave del ámbito político y de seguridad en Sinaloa, entre ellos:
- El senador Enrique Inzunza Cázarez.
- Enrique Díaz Vega.
- Dámaso Castro Zaavedra.
- Marco Antonio Almanza Aviles.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo.
- Gerardo Mérida Sánchez.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado.
- Juan de Dios Gámez Mendívil.
- Juan Valenzuela Millán, alias Juanito.
El caso quedó en manos de la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla, quien llevará el proceso judicial en territorio estadounidense.
🚨El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrentaría cadena perpetua en EE.UU. por cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder.
— Azucena Uresti (@azucenau) April 29, 2026
👉En el mismo caso, el senador de Morena Enrique Inzunza Cazárez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios… pic.twitter.com/sAlqvtUssE
Fiscalía de EUA lanza mensaje contra la corrupción
El fiscal federal Jay Clayton fue enfático al describir el impacto del grupo criminal:
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”.
Asimismo, destacó el papel que juegan ciertos funcionarios en el fortalecimiento de estas redes ilícitas:
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”.
Y lanzó una advertencia directa a nivel internacional:
“El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.
DEA advierte sobre impacto del Cártel de Sinaloa
Por su parte, el director de la DEA, Terrance Cole, subrayó la gravedad de los hechos y el alcance de la organización criminal:
“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”.
También alertó sobre el daño institucional:
“Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses”.
Y añadió:
“Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país”.
Finalmente, reiteró el compromiso de las autoridades:
“Nadie está por encima de la ley (…) continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”.
Posibles condenas: hasta cadena perpetua
Las autoridades estadounidenses recalcaron que los cargos presentados son acusaciones formales, por lo que los implicados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
De ser hallados responsables, todos los señalados enfrentan penas severas por conspiración para importar narcóticos, así como por posesión de ametralladoras y explosivos.
En la mayoría de los casos, las sanciones contemplan un mínimo de 40 años de prisión y pueden escalar hasta cadena perpetua, dependiendo de la gravedad de los delitos.
Destaca el caso de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, quien además enfrenta cargos por secuestro con resultado de muerte, lo que podría derivar en sanciones aún más severas bajo la legislación de Estados Unidos.