La investigación sobre la presunta desaparición de la alcaldesa de Tenancingo dio un giro inesperado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la presidenta municipal, Nancy Nápoles Pacheco, habría participado en la planeación de un supuesto autosecuestro con el objetivo de justificar un presunto faltante de 40 millones de pesos en las finanzas del ayuntamiento.
De acuerdo con las autoridades mexiquenses, la denuncia que presentó la edil tras reportar que la habían privado de la libertad a finales de mayo derivó en una serie de investigaciones que terminaron revelando presuntas inconsistencias y la posible simulación del delito.
Fiscalía señala una presunta simulación de secuestro
Según la carpeta de investigación, planearon con meses de anticipación los hechos que denunciaron inicialmente como un secuestro. La Fiscalía aseguró que obtuvo elementos que apuntan a la participación de varias personas, incluyendo familiares cercanos de la alcaldesa.
Las indagatorias establecen que diseñaron el supuesto secuestro para exigir un rescate de 40 millones de pesos, cantidad que presuntamente obtendrían de recursos públicos municipales.
La autoridad ministerial indicó que la investigación permitió reunir datos de prueba suficientes para ejercer acción penal contra varias personas involucradas en el caso por el delito de simulación de secuestro.
La #FiscalíaEdoméx detuvo a tres individuos identificados como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, así mismo solicitó Audiencia de Formulación de Imputación en contra de una servidora pública municipal y cuenta con mandamiento judicial vigente para la captura de… pic.twitter.com/XgdLKJVWXc
— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 18, 2026
Esposo y cuñado de la edil también son investigados
Dentro de las personas señaladas por la Fiscalía figuran el esposo y el cuñado de la alcaldesa, a quienes identificaron como José Roberto “N” y Óscar “N”, y a quienes actualmente consideran prófugos de la justicia.
Asimismo, la FGJEM informó que ubicó en Oaxaca a tres personas identificadas como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian “N”, quienes enfrentan acciones legales por su presunta participación en la planeación y ejecución del caso.
Las investigaciones apuntan a que el supuesto secuestro comenzó a organizarse desde febrero de este año, varios meses antes de que fuera denunciado públicamente.
Uno de los aspectos más delicados de la investigación es la hipótesis planteada por la Fiscalía respecto al destino que tendría el dinero solicitado como rescate.
De acuerdo con información ministerial, existe el señalamiento de que los recursos servirían para justificar un presunto desfalco detectado en la administración municipal.
La autoridad reveló que cuenta con declaraciones ministeriales donde uno de los involucrados describe la supuesta finalidad económica detrás de la simulación.

Videos y evidencia fortalecen la investigación
La Fiscalía también informó que durante el análisis de videos relacionados con el caso detectó comportamientos que fortalecieron la hipótesis de una simulación.
Según las autoridades, en las grabaciones no se observaría resistencia por parte de la alcaldesa durante el momento en que presuntamente fue privada de la libertad.
Además, las investigaciones señalan que habría proporcionado información sobre rutas y puntos para evitar sistemas de videovigilancia, aspecto que actualmente forma parte de las pruebas analizadas por el Ministerio Público.

¿Qué sanciones podría enfrentar la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco?
La FGJEM confirmó que ya obtuvo una audiencia de formulación de imputación contra la alcaldesa, programada para el próximo 9 de julio, donde se presentarán formalmente los señalamientos en su contra.
Respecto a las posibles consecuencias legales, la Fiscalía explicó que los particulares involucrados podrían enfrentar penas de hasta 16 años de prisión por el delito de simulación de secuestro.
En el caso de la servidora pública, las sanciones contempladas por la legislación vigente podrían incluir medidas específicas derivadas de su condición como funcionaria.
Mientras tanto, la investigación continúa abierta y las autoridades mantienen la búsqueda de los demás implicados para esclarecer completamente uno de los casos que más controversia ha generado en la política mexiquense durante este año.

